En el Auditorio del Sodre se prepara un gran acontecimiento cultural.

La semana próxima conoceremos una versión única y muy uruguaya de una de los títulos más destacados del bel canto italiano: L’elisir d´amore, de Donizetti.

Seguramente todos, seamos aficionados a la ópera o no, hemos escuchado alguna vez "Una furtiva lágrima", esa aria tan emotiva. Quien la canta es Nemorino, cuando piensa que Adina, de quien está enamorado, también tiene sentimientos hacia él. Para asegurar ese amor, este joven le compró al doctor Dulcamara una poción, un elixir del amor, que es el elemento central del espectáculo.

En la puesta en escena que se estrena el viernes 21 de agosto, este clásico, que Gaetano Donizetti compuso en 1832, se traslada a nuestra campaña en la Banda Oriental de comienzos del siglo XIX: Nemorino es un gaucho, Adina la propietaria de una estancia y la ambientación se basa en la estética de las pinturas de Juan Manuel Blanes.

Esta producción uruguaya, realizada en conjunto por el Sodre y Pro-Opera, cuenta con dos elencos, uno nacional y otro extranjero, la dirección escénica y el vestuario de la irlandesa Vivien Hewitt, la batuta del español Miquel Ortega, la Orquesta Juvenil del Sodre, que debuta en este rubro, y el Coro Nacional.

¿Cómo surgió la idea de esta adaptación? ¿Qué dicen los artistas que lo están preparando? ¿Qué esperan de una producción como esta? 

Emiliano Cotelo conversó con la soprano española Marga Cloquell y el tenor argentino Francisco Gatell, los dos protagonistas, y el maestro catalán Miquel Ortega, que es el director musical.

Además, se sumó a la mesa "nuestro melómano de cabecera", Fernando Medina, director del programa Oír Con Los Ojos, acá, en Radiomundo.

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El periodista y analista político Daniel Supervielle interpretó el discurso que Luis Lacalle Pou pronunció el domingo pasado en la Plaza Matriz como una "señal de re posicionamiento del Partido Nacional" y de "preparación del escenario político" rumbo a 2029.

Supervielle, que integró los comandos de campaña de Lacalle Pou en 2014 y 2019, sostuvo que el exmandatario definió una nueva frontera ideológica para el partido, a partir de una concepción de la libertad que combina la defensa de la iniciativa individual con un papel activo del Estado.

“Con su reivindicación no ortodoxa de la libertad, Lacalle Pou definió un nuevo posicionamiento estratégico”, planteó Supervielle, al analizar su discurso en diálogo con Emiliano Cotelo en En Perspectiva.

Durante el acto, Lacalle Pou también defendió una forma de hacer política basada en el respeto y en la búsqueda de acuerdos. “Firme con las ideas, suave con las personas”, fue una de las frases que destacó el analista.

Para Supervielle, ese planteo se vincula con una constante en la trayectoria política del exmandatario. “La buena política hace mejores sociedades, hace mejores individuos”, dijo, y agregó que Lacalle Pou ha evitado, desde el inicio de su carrera, los insultos y los agravios personales.

Una nueva frontera para el Partido Nacional

Supervielle señaló que el liderazgo de Lacalle Pou no se explica únicamente por su formación académica o por las corrientes históricas del Partido Nacional.

“Lacalle Pou no viene de los libros; viene de la escucha de la gente y de la acción, y de una tradición familiar donde se debe haber hablado mucho en los desayunos, en los almuerzos y en las giras sobre política”, dijo.

A su entender, el exmandatario logró fusionar distintas tradiciones del partido, entre ellas el herrerismo, el wilsonismo y sectores independientes. Por eso, consideró que no se trata simplemente de un desplazamiento hacia el wilsonismo o la socialdemocracia, sino de una ampliación de los límites tradicionales del partido.

“Ahora está mucho más fusionado y más complejo”, dijo Supervielle, quien sostuvo que esa síntesis “amplía mucho el espectro del Partido Nacional para que quepa mucha más gente”.

El analista consideró que el discurso de Lacalle Pou fue recibido favorablemente por la dirigencia nacionalista y que esa reacción constituye una señal de aceptación de la nueva orientación. De todos modos, aclaró que se trata de su propia lectura y que no puede afirmar cuáles fueron las motivaciones exactas del exmandatario.

Distancia de Milei y Trump

Otro de los aspectos destacados por Supervielle fue la distancia que Lacalle Pou marcó con los liderazgos de Javier Milei y Donald Trump, tanto en el plano ideológico como en las formas de hacer política.

“Es una cosa mucho más auténtica uruguaya y con vida propia que querer asimilarlo a lo que es Milei”, dijo. Según su interpretación, Lacalle Pou no se ubica en una posición de ultraliberalismo y tampoco comparte una política basada en la confrontación permanente.

El analista recordó que, para Lacalle Pou, el Estado no es necesariamente un obstáculo, sino que puede funcionar como “un trampolín para ayudarte a no caerte del sistema y permitirte correr la carrera de la libertad”.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de la libertad individual no implica promover un Estado ausente, sino impulsar transformaciones que permitan mejorar su funcionamiento y reducir sus trabas.

El escenario hacia 2029

Supervielle consideró que este posicionamiento puede ayudar a Lacalle Pou a ampliar su llegada electoral en una eventual candidatura presidencial. “El discurso del otro día le habla al 70% o 75% de los uruguayos”, dijo.

Según el analista, la nueva frontera planteada por el exmandatario puede resultar atractiva para ciudadanos que no se identifican plenamente como blancos, colorados o frenteamplistas. También puede facilitar una futura articulación entre los partidos de la oposición, en un momento en que se discuten distintas alternativas para la coalición republicana.

Sin embargo, aclaró que Lacalle Pou no parece dispuesto a adelantar definiciones. “Va a volver a ese silencio presente, pero silencio al fin”, sostuvo, y señaló que el exmandatario continuará observando el escenario y escuchando a los distintos sectores antes de tomar una decisión.

Sobre la posibilidad de una coalición con lema único, Supervielle afirmó que no debería ser una decisión impuesta por las dirigencias. “No se puede imponer”, dijo, y sostuvo que una alternativa de ese tipo debería surgir desde las bases y del reclamo de los sectores políticos y sociales que integran la coalición.

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Columna de Daniel Supervielle en Ceres: https://ceres.uy/index.php/contenidos/show/402

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Un ómnibus de UCOT que circulaba por Montevideo fue obligado a desviarse de su recorrido durante la mañana del domingo 9, cuando alrededor de 50 hinchas del Club Atlético Cerro subieron al vehículo y ordenaron al chofer dirigirse hacia el Intercambiador Belloni. Según el relato del conductor, uno de los hombres le apuntó con un arma y durante el trayecto también fue amenazado desde dos motos que circulaban delante del coche.

El vehículo trasladaba pasajeros ajenos a la hinchada, que fueron descendiendo en distintas paradas. Al llegar al intercambiador, los ocupantes bajaron y, según el testimonio del chofer, vandalizaron parte del lugar. El trabajador quedó en estado de shock y debió iniciar un período de reposo.

“Por suerte está bien, está con un poco de shock traumático por lo que pasó”, dijo a En Perspectiva Matías Costa, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT). El sindicalista señaló que lo ocurrido con ese trabajador se suma a otras situaciones de violencia que se repiten durante los fines de semana.

“Esto pasó una raya más, porque lo hicieron a punta de arma, lo amenazaron y no le dejaron seguir con la línea. Pero cuando hay partidos de fútbol es algo que viven a diario los compañeros”, dijo Costa.

La respuesta de la Policía

Una de las principales preocupaciones planteadas por ASCOT durante la reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, fue la falta de intervención policial. El ómnibus recorrió durante unos 40 minutos distintos puntos de Montevideo mientras se realizaban comunicaciones al 911.

Costa explicó que el Ministerio realiza una investigación interna y una auditoría del centro de llamadas para determinar por qué no se activó una respuesta. Según relató, el encargado de la empresa informó por dónde circulaba el vehículo y el chofer llegó a comunicarse con el servicio de emergencias, aunque tenía dificultades para hablar debido al ruido dentro del ómnibus.

“Si las empresas se están comunicando, si llaman al chofer y el chofer les dice que no puede hablar, nos imaginamos que algo está pasando, que no es casualidad”, dijo.

El dirigente sostuvo que la situación genera una preocupación especial entre los trabajadores del transporte. “Si nosotros, que estamos todo el día en la calle, precisamos el 911 y no podemos tener respuesta, me parece que no tendríamos garantía”, señaló.

El sindicato definió el episodio como un secuestro, mientras que desde el Ministerio del Interior se habló de una privación de libertad. Costa explicó que el ministro planteó que se trata de una diferencia técnica y que la privación de libertad puede tener una pena mayor.

Sin embargo, para ASCOT la descripción del hecho no cambia: “Que suban a punta de armas y te hagan ir a un lugar de forma expresa contra tu voluntad, para nosotros sigue siendo un secuestro, más allá de que después para la Justicia pueda ser otra cosa”, dijo.

Violencia habitual durante los partidos

Costa advirtió que el episodio no debe analizarse como un hecho aislado ni como un problema exclusivo de Cerro. Según explicó, durante los partidos de fútbol grupos de hinchas suelen subir a los ómnibus, ocuparlos y generar situaciones de tensión para trabajadores y pasajeros.

“Se adueñan de las unidades, van arriba del ómnibus saltando, cantando, golpeando, tomando alcohol y fumando porro”, describió.

El dirigente señaló que esta situación afecta a hinchas de distintos clubes y que incluso los propios equipos han realizado llamados públicos para que se cuiden las unidades de transporte.

“No está bien decir que es solo Cerro. Es una realidad del fútbol uruguayo”, dijo. “No es una realidad ajena de un cuadro puntual, sino del fútbol en sí o de la sociedad en sí”.

Piquetes policiales y botón antipánico

Durante la reunión con Negro, ASCOT planteó la necesidad de recuperar el esquema de piquetes policiales que funcionaba durante los fines de semana con partidos considerados de riesgo. Según Costa, anteriormente se instalaban 21 puntos de control en distintos lugares de Montevideo, lo que permitía que los conductores tuvieran una referencia cercana a la que recurrir ante una emergencia.

El ministro explicó que en la actualidad no cuentan con personal suficiente para desplegar ese operativo, aunque señaló que en los próximos meses ingresarán nuevos funcionarios.

Como alternativa, el Ministerio prevé utilizar drones de varias comisarías para monitorear las zonas donde se desarrollen partidos. Además, se comprometió a realizar gestiones para que el botón antipánico instalado en los ómnibus quede operativo.

“El botón ya está. El problema es que la Intendencia está teniendo un problema con el software y eso hace que no esté operativo arriba de las unidades”, explicó Costa.

El dispositivo permite que, ante una situación de emergencia, el trabajador se comunique en tiempo real con el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y la empresa. Sin embargo, todavía no funciona debido al recambio de las máquinas de boletos y a problemas de implementación del sistema.

Emiliano Cotelo conversó con Matías Costa, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT). 

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El Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande atraviesa un proceso de renovación que se extenderá durante 25 años y demandará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. El objetivo es garantizar por 40 años más la operativa de esta infraestructura binacional, que genera cerca de un tercio de la energía eléctrica que consume Uruguay y cumple un papel clave en la regulación del río Uruguay.

En entrevista con En Perspectiva, el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, explicó las distintas finalidades del complejo y repasó las etapas de la renovación: “Es una función energética y también tiene un tema de gestión de crecidas”

Salto Grande fue concebido hace 80 años, a partir del tratado firmado entre Uruguay y Argentina, y la represa lleva más de cuatro décadas en funcionamiento. Además de generar energía, el complejo permite la interconexión eléctrica entre ambos países, cuenta con un sistema de transmisión de extra alta tensión, es un puente binacional y tiene responsabilidades sociales y ambientales en la región.

Casaravilla recordó que la construcción de la represa implicó el desplazamiento de poblaciones, entre ellas Belén y Constitución, en Uruguay, y Federación, en Argentina. Por ese motivo, sostuvo que cualquier emprendimiento energético debe encontrar un equilibrio con las comunidades afectadas.

En ese marco, Salto Grande definió una estrategia de responsabilidad social y ambiental con cinco áreas de trabajo: desarrollo socioambiental, salud, desarrollo productivo, educación, cultura y deporte, además del fomento comunitario.

El complejo tiene un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de dólares para la delegación uruguaya y destina alrededor de dos millones de dólares a responsabilidad social y ambiental. Para Casaravilla, la diferencia con otras políticas empresariales está en la planificación y en la coordinación con organismos públicos. “¿Repartiendo gorros y camisetas? No, esa no es la forma que concebimos la responsabilidad social”, dijo.

La delegación trabaja mediante convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional del Deporte, entre otros organismos.

La regulación de las crecidas

En el río Uruguay hay cinco represas importantes: cuatro están en Brasil y una es Salto Grande. Según Casaravilla, la represa binacional es la única que cuenta con capacidad para gestionar las crecidas, mientras que las otras funcionan como represas de paso de agua.

La operación consiste en generar espacio en el embalse antes de que llegue una crecida, para poder retener parte del caudal y regular el agua que se libera aguas abajo. En la crecida de 2015, por ejemplo, llegaron a la represa unos 34.000 metros cúbicos de agua por segundo y nunca se dejaron pasar más de 31.500. Esa diferencia, dijo Casaravilla, probablemente permitió que hubiera unas 4.000 personas menos desplazadas.

El nivel del río comienza a generar desplazamientos de personas a partir de los 12 metros. En 2015, el río llegó a 16,50 metros en Salto, mientras que en la gran crecida de 1959 alcanzó los 18 metros y provocó el desplazamiento de unas 10.000 personas.

Las decisiones se toman a partir de modelos hidrológicos y de información que se actualiza en tiempo real. La aplicación de Salto Grande permite consultar el nivel del lago, las previsiones meteorológicas e hidrológicas y la generación de cada turbina.

Para Casaravilla, esa previsibilidad es fundamental porque permite coordinar las acciones con los gobiernos departamentales y los organismos de emergencia. “La previsibilidad de las inundaciones es importante para que se pueda gestionar”, dijo. “La hidráulica es la batería que nos permite filtrar las renovables”.

Salto Grande cuenta con 14 turbinas Kaplan que llevan más de cuatro décadas en funcionamiento. La central genera aproximadamente un tercio de la electricidad que consume Uruguay y cerca del 3% de la que utiliza Argentina.

El complejo también dispone de casi 350 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kilovoltios y una capacidad de intercambio de 2.000 megavatios con Argentina. Esa interconexión aporta seguridad y estabilidad al sistema eléctrico uruguayo.

Casaravilla explicó que las centrales hidráulicas y térmicas aportan la llamada “inercia” del sistema, una característica que permite absorber variaciones repentinas en la generación eólica o solar. La comparó con el peso de un automóvil: cuanto más pesado es, más estable resulta frente a un viento fuerte.

En ese sentido, Salto Grande y las represas del río Negro permitieron incorporar energías renovables no convencionales al sistema eléctrico uruguayo. El embalse de Salto Grande tiene capacidad para unos cinco días de generación, mientras que Rincón del Bonete puede almacenar energía para aproximadamente 140 días.

“El embalse es muy importante, porque es la batería que nos permite filtrar las renovables”, explicó Casaravilla. Cuando hay viento o sol, dijo, se puede utilizar menos agua y reservarla para los momentos en que la generación renovable disminuye.

“No me imagino el Uruguay sin Salto Grande”

Casaravilla definió a Salto Grande como uno de los activos energéticos más importantes del país y dijo que, si Uruguay no hubiera contado con la represa, el costo de expansión del sistema eléctrico habría sido unos 400 millones de dólares mayor por año.

Según explicó, el costo actual de la energía generada por Salto Grande ronda los seis dólares por megavatio hora. Como referencia, mencionó que la energía eólica o solar podría ubicarse en torno a los 40 dólares por megavatio hora, mientras que un contrato con UPM fue acordado en 72 dólares.

La energía hidráulica, dijo, continúa siendo la más barata del sistema. “Sigue siendo la energía más barata que va a tener Uruguay”, sostuvo.

El proceso de renovación no modificará sustancialmente esa ventaja. Casaravilla estimó que, en los años de mayor impacto del financiamiento, el costo podría pasar de seis a entre 14 y 15 dólares por megavatio hora, pero aun así seguiría siendo la fuente más conveniente para el país.

Salarios, ingresos y cuestionamientos políticos

Durante la entrevista, Casaravilla respondió a preguntas de los oyentes sobre los salarios en Salto Grande. Dijo que las remuneraciones deben analizarse teniendo en cuenta las dificultades para captar profesionales y técnicos capacitados en el interior del país, así como la necesidad de cubrir guardias rotativas y tareas especializadas.

Reconoció que los salarios son competitivos en comparación con los de la región, pero sostuvo que esa característica también se observa en otras empresas públicas, como UTE y Antel.

Ante la acusación de que la Comisión Técnica Mixta puede ser utilizada para el pago de favores políticos, Casaravilla dijo que desde el comienzo de la actual gestión se decidió no realizar ingresos directos y limitar los contratos a término.

Según explicó, unos 15 contratos no fueron renovados y, cuando fue necesario cubrir cargos, se realizaron concursos. También señaló que la plantilla administrativa de la delegación pasó de más de 30 personas a unas 19. “Estamos tratando de ser lo más republicanos posibles en ese sentido”, dijo.

Una renovación para las próximas generaciones

La primera etapa de la renovación comenzó en 2019, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 40 millones de dólares para Uruguay —80 millones en total, sumando la parte argentina—. Incluyó la modernización del sistema de protección de las cuatro subestaciones, la compra de transformadores y la reparación de compuertas y automatismos. Según Casaravilla, esa etapa está prácticamente finalizada.

La segunda etapa, dividida en dos partes, tendrá un costo total de unos 150 millones de dólares, 75 millones correspondientes a cada país. Incluye, entre otras obras, el recambio de unos 34 interruptores de alta tensión y de otros equipos vinculados al sistema de transmisión.

La fase más importante será la renovación de las turbinas. El plan prevé comenzar a intervenir la primera máquina entre 2030 y 2031 y trabajar durante aproximadamente diez años para completar las 14. El contrato binacional podría tener un valor de entre 600 y 700 millones de dólares.

Casaravilla explicó que los estudios técnicos ya definieron distintas alternativas: se prevé instalar dos turbinas nuevas y renovar componentes de las restantes, como las palas y los sistemas hidráulicos.

El financiamiento de esta etapa todavía no está definido y deberá acordarse entre Uruguay y Argentina. Para el jerarca, el principal desafío consiste en diseñar un proceso transparente y estable, que pueda atravesar los cambios de gobierno en ambos países.

“La renovación de Salto Grande es política de Estado”, dijo Casaravilla, y pidió que el proyecto no quede atrapado en la polarización política. “El desafío es lograr armar algo robusto, que esté muy bien diseñado, muy transparente”, sostuvo.

La inversión será financiada a largo plazo. Para Uruguay, el costo total rondaría los 500 millones de dólares, pero Casaravilla señaló que esa cifra debe analizarse dentro del volumen de inversiones que requiere el sistema energético y de los beneficios que genera la represa.

A su entender, la renovación es una de las inversiones de infraestructura más convenientes que puede realizar el país. La meta, dijo Casaravilla es que Salto Grande "continúe siendo, durante las próximas décadas, una pieza central para la generación eléctrica, la estabilidad del sistema y la regulación de las crecidas del río Uruguay".

Emiliano Cotelo entrevistó al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta, ingeniero Gonzalo Casaravilla.

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Programa de Renovación de Salto Grande by En Perspectiva

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El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo que su partido pretende actuar “con seriedad y responsabilidad” en el análisis de la Rendición de Cuentas y que no asumirá una postura de confrontación permanente con el gobierno.

“A los gobiernos hay que ayudarlos, sea del pelo que sea el gobierno”, sostuvo Manini en la entrevista central con En Perspectiva. En ese sentido, dijo que CA busca aportar soluciones y mejorar el proyecto del Poder Ejecutivo.

La posición del partido tiene especial relevancia debido a que el Frente Amplio (FA) no cuenta con mayoría propia en la Cámara de Diputados y necesita los votos de los dos legisladores cabildantes para aprobar el proyecto. La mayoría de la oposición ya anunció que no acompañará la iniciativa en general.

Manini cuestionó esa postura y dijo que no sería responsable actuar como “un francotirador en contra de todo lo que se propone”, porque lo que está en juego son soluciones para distintos sectores de la sociedad.

Las seis propuestas

Manini se reunió con el presidente Yamandú Orsi y le entregó un documento con seis planteos para modificar la Rendición de Cuentas y orientar algunas políticas del gobierno.

La primera propuesta consiste en aumentar 50% la nueva Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto del Poder Ejecutivo. CA plantea, además, que el beneficio esté sujeto a controles sobre la alimentación, la atención médica, odontológica y de salud mental y la asistencia a la educación.

Manini dijo que el objetivo no debe ser únicamente entregar un apoyo que permita sobrevivir, sino comenzar un camino de salida de la pobreza infantil. También propuso que la asignación se pague a través de la Tarjeta Uruguay Social, para asegurar que los recursos se destinen al fin previsto.

El segundo planteo es establecer una reducción anual del 1% en la cantidad de funcionarios públicos hasta alcanzar una disminución total del 10%. La propuesta no incluye a los sectores de la educación, la salud y la seguridad pública.

Según Manini, es necesario detener el crecimiento de la plantilla estatal y dar señales al sector privado, que sostiene buena parte del financiamiento del Estado a través del pago de impuestos. En el caso de las Fuerzas Armadas, dijo que cualquier reducción debería analizarse junto con las funciones que actualmente cumplen, entre ellas el control de fronteras y la participación en el sistema carcelario.

La tercera medida apunta al sistema penitenciario. CA propone destinar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación para construir talleres, generar infraestructura de trabajo y avanzar hacia el trabajo obligatorio de las personas privadas de libertad condenadas.

Manini sostuvo que actualmente menos del 30% de los presos tiene posibilidades de trabajar y que el objetivo debería ser alcanzar al total de la población condenada. Estimó que el plan requeriría entre 20 y 30 millones de dólares anuales durante tres o cuatro años.

La cuarta propuesta es realizar una campaña de bien público sobre los riesgos del consumo de cannabis. Manini dijo que la legislación ya prevé la realización de acciones de concientización y defendió la necesidad de informar especialmente a los jóvenes sobre los posibles efectos del consumo de marihuana.

El quinto planteo consiste en aumentar en 20 millones de dólares anuales las partidas destinadas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El objetivo sería acelerar la escrituración y el comienzo de las obras de cooperativas de vivienda que ya fueron sorteadas.

Manini dijo que unas 200.000 personas viven en condiciones habitacionales “infrahumanas” y que existe una demora excesiva entre el sorteo de las cooperativas y el inicio de las obras.

La sexta medida apunta a retirar los artículos de la Rendición de Cuentas que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El líder cabildante sostuvo que esos recursos ya son insuficientes para cumplir con las tareas previstas.

Las fuentes de financiamiento

Para financiar las medidas, CA propuso aplicar un gravamen temporal del 5% sobre las ganancias finales de bancos y financieras de consumo.

Manini dijo que el sistema financiero uruguayo obtuvo ganancias superiores a los 1.000 millones de dólares en los últimos años y que los usuarios de créditos al consumo son una de las principales fuentes de esos resultados.

“Entonces yo digo: pedirles un gravamen del 5% sobre esas ganancias”, señaló. Según sus estimaciones, la medida permitiría recaudar unos 50 millones de dólares, una cifra similar a la que CA considera necesaria para financiar sus propuestas.

Manini aclaró que el gravamen debería aplicarse sobre las ganancias una vez cerrado el ejercicio y que deberían establecerse mecanismos para impedir que el costo se traslade a los usuarios.

Como segunda fuente de recursos, CA planteó revisar el llamado gasto tributario, que incluye exoneraciones de IVA, incentivos sectoriales, beneficios de zonas francas, regímenes de promoción de inversiones y deducciones especiales.

Manini dijo que Uruguay es “demasiado generoso” en materia de exoneraciones y que es necesario analizar si se están cumpliendo las contrapartidas exigidas a las empresas beneficiadas.

La tercera propuesta de financiamiento consiste en regular el juego online a través de una plataforma estatal. Según Manini, mientras esta actividad no esté regulada, las ganancias son recaudadas por otros países y el Estado uruguayo pierde recursos que podrían destinarse a políticas sociales.

A la espera de una respuesta

Sobre la reunión con Orsi, Manini dijo que fue “muy respetuosa” y que vio al presidente “muy receptivo”. Señaló que el mandatario habría mostrado especial coincidencia con la propuesta de realizar una campaña de prevención sobre el consumo de drogas.

De todos modos, aclaró que algunas medidas podrían requerir proyectos de ley independientes y no necesariamente incorporarse a la Rendición de Cuentas.

CA espera una respuesta del Poder Ejecutivo antes de la votación en general del proyecto. “Queremos señales claras, nada más”, dijo Manini, aunque aclaró que las propuestas no constituyen “líneas rojas”.

Consultado sobre la definición del partido y sobre si sus diputados votarán la Rendición de Cuentas, respondió: “Vamos a esperar la respuesta”.

Emiliano Cotelo conversó con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto.

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Uruguay Innova cumplió su primer año de funcionamiento como un programa creado para articular y coordinar las políticas de innovación, ciencia, tecnología y desarrollo productivo. La iniciativa funciona en la órbita de Presidencia de la República y cuenta con oficinas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

En entrevista con En Perspectiva, su director ejecutivo, Bruno Gili, explicó que Uruguay Innova “es un programa, no es una agencia, no es una nueva institución”. Su objetivo es coordinar el trabajo de organismos como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el LATU, entre otros.

Según Gili, Uruguay cuenta con unas 17 agencias vinculadas a estas áreas, que manejan en conjunto alrededor de 250 millones de dólares. El desafío consiste en evitar la superposición de programas y mejorar el impacto de los recursos destinados a la investigación y la innovación.

Mejorar el impacto de la innovación

Gili señaló que Uruguay tiene una buena posición en materia de estabilidad económica, resiliencia y calidad institucional, pero todavía no logra transformar suficientemente sus capacidades científicas y tecnológicas en productividad y crecimiento.

Según explicó, la innovación representa alrededor de 0,68% del producto interno bruto uruguayo, mientras que en países como Países Bajos el impacto es considerablemente mayor. La diferencia, sostuvo, no se explica únicamente por la cantidad de recursos disponibles, sino por la capacidad de convertir el conocimiento en productos, empresas y negocios internacionales.

En ese sentido, afirmó que “no logramos explicar nuestro PBI por el proceso de innovación”. Para el director de Uruguay Innova, el país tiene dos grandes desafíos: conseguir que los recursos que ya destina a ciencia, tecnología e innovación tengan un mayor impacto sobre la economía y la sociedad, y aumentar la inversión de forma más eficiente. El objetivo, resumió, es que los fondos sean “uno más uno de tres, no dos”.

Gili definió la productividad como la capacidad de obtener mejores resultados con los recursos disponibles: “Es lograr mucho más con lo que tenemos”.

La posible fusión de agencias

Uno de los planteos centrales de la entrevista fue la necesidad de revisar la estructura institucional del sistema. Gili sostuvo que algunas agencias deberían fusionarse y que otras tendrían que ser reestructuradas para evitar que distintos organismos financien programas similares o atiendan a los mismos sectores sin coordinación.

“Hay que fusionar algunas de las agencias. Hay que reestructurarlas”, dijo.

Como ejemplo de coordinación, mencionó el programa Uruguay al Mundo, destinado a apoyar la exportación y la internacionalización de empresas uruguayas. La iniciativa es coordinada por Uruguay Innova y ejecutada en conjunto por ANDE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y Uruguay XXI.

Gili explicó que, anteriormente, cada organismo podía tener su propio programa de exportación o promoción comercial. Ahora, en cambio, las instituciones trabajan sobre un único programa, con diferentes ventanillas de acceso y una distribución más coordinada de las tareas.

También puso como referencia el modelo de Cataluña, donde una sola organización concentra funciones que en Uruguay están repartidas entre varios organismos. Según explicó, esa estructura permite contar con más de 30 agentes comerciales en el exterior para promover a las empresas y productos de esa región.

Para avanzar en Uruguay, advirtió, no alcanza con una decisión administrativa inmediata. Es necesario acordar una transición, revisar los programas vigentes, contemplar las diferentes formas de gobierno de cada organismo y alcanzar consensos dentro del Poder Ejecutivo, el Parlamento y las propias agencias.

Universidades, empresas y transferencia de conocimiento

Otro de los ejes de la entrevista fue el vínculo entre la investigación, las universidades y el sector productivo. Gili sostuvo que Uruguay necesita que el conocimiento generado en los centros de investigación se transforme en prototipos, patentes, licencias, startups y nuevas empresas.

En ese sentido, señaló que “las universidades en el mundo generan valor, patentan, obtienen regalías, obtienen licenciamientos y son generadoras de startups y empresas”. A su entender, Uruguay todavía tiene un volumen bajo de transferencia tecnológica y debe modificar la forma en que las instituciones académicas se relacionan con el sector privado.

También reclamó una mayor formación de profesionales vinculados a las distintas áreas de la ingeniería, no solamente en software. “Uruguay debería tener una revolución de ingenieros”, sostuvo.

Para Gili, el país cuenta con capacidades en sectores como la biotecnología, la industria química, el software, los servicios financieros y los agronegocios. Sin embargo, esas oportunidades requieren más talento, mayor especialización y una estrategia coordinada para que las empresas puedan competir en mercados internacionales.

Innovación e internacionalización

El director ejecutivo de Uruguay Innova subrayó que la innovación debe estar orientada al mundo. En un mercado pequeño como el uruguayo, sostuvo, no siempre existe una escala suficiente para que las empresas recuperen sus inversiones únicamente con ventas internas. “Si no innovamos, es muy difícil. Además, hay que hacerlo para el mundo”, dijo.

En esa línea, explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó préstamos por un total de 50 millones de dólares para financiar programas de innovación e internacionalización. Un primer tramo de 30 millones fue destinado a fortalecer el presupuesto de la ANII y financiar proyectos de investigación y desarrollo de largo alcance.

El segundo tramo, de 20 millones de dólares, estará orientado a la internacionalización de empresas, la atracción de inversiones y la mejora de la competitividad. Entre las iniciativas previstas se encuentra la creación de una ventanilla única de inversiones, que busca digitalizar y simplificar los trámites para quienes quieran invertir en Uruguay.

También se prevé fortalecer el denominado aftercare, un sistema de acompañamiento a las empresas que ya están instaladas en el país para favorecer su permanencia y estimular nuevas inversiones.

Además, Uruguay Innova trabaja en la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que contará con un financiamiento de 10 millones de dólares, y en un centro de biotecnología aplicada a los alimentos. El objetivo es aprovechar las capacidades del país en el sector agroindustrial para avanzar hacia la producción de ingredientes y alimentos de mayor sofisticación y valor agregado.

El desafío de pensar más allá del corto plazo

Gili consideró que la innovación, la educación y la transformación productiva requieren políticas que trasciendan los períodos de gobierno. A su juicio, Uruguay necesita alcanzar acuerdos políticos que permitan sostener las decisiones durante varios años.

También cuestionó la lógica de asignación de recursos que obliga a negociar de manera separada los presupuestos de cada agencia. Como alternativa, planteó la creación de un fondo global de ciencia, tecnología e innovación, al que los organismos deban competir con proyectos y objetivos concretos.

Gili sostuvo que el país debería poder evaluar, hacia 2030, cuánto retorno económico y social obtiene por cada peso invertido en investigación, desarrollo e innovación. En esa dirección, consideró que “cualquier uruguayo debería saber si tiene que ir a la institución A, B o C”.

Emiliano Cotelo conversó con Bruno Gili, director ejecutivo de Uruguay Innova.

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El canciller Mario Lubetkin recibió este martes 4 las cartas de referencia de Binoy George, quien fue designado como representante diplomático de India ante la República Oriental del Uruguay. La presentación formal de las cartas credenciales se realizará en los próximos días ante el presidente Yamandú Orsi, momento en el que el diplomático asumirá oficialmente sus funciones.

Hasta ahora, India gestionaba su vínculo con Uruguay desde su embajada en Buenos Aires. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1948, mientras que Uruguay cuenta con una embajada en Nueva Delhi y un consulado en Bombay.

En diálogo con En Perspectiva, Lubetkin sostuvo que la decisión india responde a la expectativa de profundizar la relación bilateral durante los próximos años. El canciller recordó que, durante el encuentro que mantuvieron Orsi y el primer ministro Narendra Modi en julio de 2025, en el marco de la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, el mandatario indio presentó una agenda de trabajo en distintas áreas.

“Terminó diciendo que esto no lo podemos hacer si no tenemos un embajador permanente en Uruguay y si no abrimos nuestra representación diplomática, por la dinámica que va a tomar esta relación”, dijo Lubetkin.

Según explicó el ministro, India se encuentra buscando una sede para su embajada en Montevideo y prevé instalarla en los próximos dos o tres meses. También se espera la llegada de un número importante de funcionarios diplomáticos y administrativos, lo que convertiría a la representación india en una de las embajadas extranjeras con mayor cantidad de personal en Uruguay.

Más allá del comercio de bienes

El intercambio comercial entre Uruguay e India todavía es reducido en relación con la dimensión de la economía india. Según los datos citados durante la entrevista, Uruguay exportó cerca de 100 millones de dólares a ese mercado en 2024, principalmente madera y productos forestales, cebada, lana, tejidos, sustancias químicas, cuero y manufacturas.

En el sentido inverso, Uruguay importó bienes por aproximadamente 250 millones de dólares, entre ellos energía, vehículos, equipamiento tecnológico y textiles.

Para Lubetkin, esas cifras representan apenas un punto de partida. “Son moneditas”, afirmó al referirse al volumen de las exportaciones uruguayas hacia India, un país que se encuentra entre las principales economías del mundo y que cuenta con una población cercana a los 1.500 millones de habitantes.

El canciller señaló que el objetivo no es únicamente aumentar la venta de productos, sino construir una relación de largo plazo que incluya inversiones, desarrollos industriales y cooperación tecnológica.

Entre las áreas con mayor potencial mencionó la industria farmacéutica, las ciencias de la vida, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, la salud y los servicios. También destacó las oportunidades vinculadas con la seguridad alimentaria y las energías alternativas.

“Estamos hablando de otra historia. No estamos hablando solo de colocar dos o tres puntos más del comercio”, resumió.

Acuerdo de servicios y aranceles

Uruguay e India avanzan, además, en la elaboración de un acuerdo marco comercial en materia de servicios. De acuerdo con Lubetkin, ese entendimiento podría concretarse próximamente y abrir nuevas oportunidades para empresas de ambos países, especialmente en sectores tecnológicos y profesionales.

En paralelo, Uruguay participa en las negociaciones entre el Mercosur e India para ampliar el acuerdo comercial vigente y reducir los aranceles aplicados al intercambio de bienes. Como presidente pro tempore del Mercosur, Uruguay liderará esas conversaciones hasta diciembre.

El ministro también planteó la posibilidad de avanzar en un esquema de trabajo bilateral en servicios, mientras se desarrolla la negociación regional sobre bienes.

A esto se suma la intención de relanzar la Cámara de Comercio Uruguay-India, que, según Lubetkin, debería transformarse en un motor de la relación entre el sector privado de ambos países.

Una estrategia de inserción internacional

El canciller ubicó el acercamiento con India dentro de una estrategia más amplia de apertura y diversificación comercial de Uruguay.

En ese sentido, mencionó el crecimiento del vínculo con China, la firma del acuerdo con la Unión Europea y el entendimiento con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), además del inicio de negociaciones con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que reúne a países que representan una parte significativa del comercio mundial.

También adelantó que el presidente Orsi podría realizar una visita oficial a Japón en marzo del próximo año.

“Queremos llegar al objetivo de que el problema no sean los mercados, sino nuestra capacidad de colocar productos en esos mercados gigantescos”, afirmó Lubetkin.

Para el canciller, la instalación de una embajada india en Montevideo constituye el primer resultado visible de una relación que Uruguay pretende desarrollar con una perspectiva de largo plazo, apoyada en el comercio, pero también en la inversión, la innovación y la cooperación tecnológica.

Emiliano Cotelo conversó vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

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En entrevista con En Perspectiva, el ingeniero Eduardo Mangarelli sostuvo que los modelos de inteligencia artificial generativa son actualmente “significativamente más capaces” que hace seis meses. Según explicó, esa capacidad se refleja especialmente en la posibilidad de resolver problemas complejos de forma original.

Como ejemplo, mencionó que sistemas de OpenAI lograron resolver diez problemas y conjeturas matemáticas que llevaban décadas sin solución. Además de alcanzar una respuesta, los modelos plantearon hipótesis y detallaron el razonamiento utilizado, de modo que ese proceso pudiera ser verificado. 

“Lo interesante detrás de eso es que son soluciones novedosas, originales, a problemas existentes”, dijo Mangarelli.

El especialista señaló que este tipo de avances puede tener consecuencias concretas en la investigación científica y en la vida cotidiana. La resolución de problemas matemáticos y científicos, explicó, puede contribuir a predecir de mejor manera la estructura de una proteína o a desarrollar componentes electrónicos más eficientes.

“Esas pequeñas pizcas de ciencia tienen luego un enorme impacto en múltiples aspectos de la vida cotidiana”, señaló.

El avance de los agentes autónomos

Mangarelli también destacó como uno de los principales avances recientes el desarrollo de los llamados agentes autónomos. A diferencia de un sistema que simplemente responde una pregunta, estos agentes pueden recibir un objetivo, definir los pasos necesarios para alcanzarlo y ejecutar tareas durante un período prolongado.

“Son capaces de resolver o llevar adelante tareas de más larga duración”, explicó. Según detalló, estos sistemas pueden “entender qué es lo que necesitan hacer para alcanzar ese objetivo, armar un plan y ejecutar tantas tareas como sea necesario, por el tiempo que sea necesario, conectándose a cuanto sistema sea necesario hasta llegar a ese resultado”.

Como ejemplo, planteó el caso de una empresa que recibe la noticia de que un proveedor no podrá entregar una determinada pieza. Un agente autónomo podría identificar qué productos se verían afectados, determinar cuáles serían los clientes alcanzados por el problema, buscar proveedores alternativos y comparar los costos y los plazos de cada opción. También podría informar a los clientes sobre eventuales demoras y solicitar intervención humana en los puntos del proceso en los que sea necesario tomar una decisión.

“Este escenario que acabo de describir es un escenario 100% realista, 100% implementable”, dijo. 

A su entender, esta tecnología puede tener una incidencia directa en las empresas, tanto en la eficiencia y la productividad como en la experiencia de los clientes.

La competencia de los modelos chinos

Otro de los cambios destacados por Mangarelli fue el desarrollo de empresas chinas de inteligencia artificial y la estrategia comercial que están utilizando. Mencionó, entre otras, a Moonshot, DeepSeek, Qwen y MiniMax.

El especialista explicó la diferencia entre los modelos cerrados y los modelos abiertos o, más precisamente, de “pesos abiertos”. En el primer caso, el usuario debe contratar directamente el servicio de la empresa que desarrolló el sistema, como OpenAI, Anthropic o Google.

En cambio, los modelos de pesos abiertos pueden descargarse y ejecutarse en una infraestructura propia o en servidores de terceros. Dependiendo del tamaño del modelo, pueden funcionar en una computadora personal o requerir servidores de mayor capacidad.

“Los sistemas que los desarrolla una empresa determinada, pero al mismo tiempo me dan la opción de descargármelos y ponerlos a funcionar en mi infraestructura física, mi infraestructura de hardware”, explicó.

Privacidad y costos

Mangarelli señaló que esta posibilidad ofrece ventajas en dos áreas principales: privacidad y seguridad, por un lado, y costos, por otro.

Cuando un modelo funciona bajo la jurisdicción de otro país, las empresas pueden tener dudas sobre el tratamiento de la información que intercambian con el sistema. En cambio, al descargarlo y ejecutarlo en una infraestructura propia, se reduce el riesgo asociado al envío de datos.“Lo que permite es bajar enormemente ese riesgo de seguridad”, señaló.

El experto explicó que, una vez descargado, el modelo consiste en “una gran matriz de pesos matemáticos”. En ese escenario, sostuvo, no existe necesariamente una conexión con la empresa que lo desarrolló ni un envío de información hacia el exterior.

Además, los modelos chinos de pesos abiertos pueden ofrecer costos de procesamiento más bajos. Por eso, Mangarelli recomendó que las empresas no utilicen siempre el sistema más sofisticado, sino que elijan el que resulte adecuado para cada tarea. “Uno tiene que lograr encontrar cuál es el modelo suficientemente bueno para resolver la tarea al menor precio”.

“No necesitamos el mejor modelo para resolver todos los problemas”, dijo Mangarelli. Según explicó, los modelos más avanzados pueden reservarse para tareas específicas, mientras que otras partes de un proceso pueden resolverse con sistemas menos sofisticados y, por lo tanto, más baratos.

Emiliano Cotelo conversó con Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT.

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El Partido Independiente presentó la semana pasada una demanda en la justicia para que OSE deje en suspenso los pasos que están en curso para la construcción de una represa en Casupá, en particular la licitación que se lanzó a fines de junio.

Con el Proyecto Casupá, que prevé la inundación de unas 2.900 hectáreas, el gobierno sostiene que se asegurará el suministro de agua potable para la zona metropolitana hasta el 2045.

Pero quienes se oponen alegan que la obra tendría un alto impacto negativo para el ambiente y la producción, y que, además, no resolvería el problema del abastecimiento de agua potable.

El recurso es acompañado por blancos, colorados, partidos ambientalistas, la Federación Rural y varios vecinos de la zona de Casupá, en Florida.

¿Por qué se eligió este camino? ¿Cuáles son las principales objeciones al proyecto? 

En la entrevista central, Emiliano Cotelo conversó con el Dr. Pablo Mieres, impulsor de la iniciativa, y el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey.

Pablo Mieres

• Líder del Partido Independiente
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar)
• Sociólogo (Claeh)
• Fue diputado, senador y ministro de Trabajo

Rafael Normey

• Presidente de la Federación Rural del Uruguay
• Ingeniero agrónomo

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Foto: Suprema Corte de Justicia

Presenta: Universidad CLAEH, Bodega Giménez Méndez y Victoria Plaza Office Tower

Hace 200 años la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental decidió que ya no serían los alcaldes y los Cabildos quienes resolverían los asuntos judiciales; serían jueces letrados quienes se encargarían de esa tarea. Además se preveía la creación de jueces de paz y un tribunal de apelación.

Nació así la primera la administración de Justicia en nuestro país.

Cuatro años antes de que se jurara la primera Constitución, ya había un antecedente de lo que hoy es el Poder Judicial.

Para sumarnos a la conmemoración de ese bicentenario, llevamos a cabo un programa especial de En Perspectiva en directo desde la sede de la Suprema Corte de Justicia en el Palacio Piria, en el Centro mismo de Montevideo.

¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en 1826? ¿Cómo evolucionó el sistema de justicia uruguayo hasta hoy? ¿Tenemos un sistema de justicia adecuado, moderno y eficiente?

Entrevista Central

200 años de la administración de justicia en Uruguay: ¿Qué implicó la ley de octubre de 1826, votada en la “Provincia Oriental”?

Con Doris Morales, presidenta de la SCJ, y Edgardo Ettlin, ministro del TCA e historiador

La Tertulia de los Viernes

Con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Lucía Giudice y Óscar Sarlo

El Sistema de Justicia de Uruguay hoy: Valores y claroscuros

El Sistema de Justicia de Uruguay: Desafíos y asignaturas pendientes

Entrevista

Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia: ¿Cuál es la historia de este espléndido edificio patrimonial?

Con Marcia Collazo y Eleonora Navatta, tertulianas, Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, y Marcelo Bentacor de la división de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, en el área de Protocolo y Relaciones Públicas.

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